En cierto modo, el procurador garantiza la imparcialidad y la transparencia de los juicios, al menos en su aspecto formal.
Cualquier persona a la que le preguntes te puede explicar qué es un abogado. Sabe cuándo recurrir a él. No sucede lo mismo con un procurador. Ni tan siquiera con algunas personas que han contratado sus servicios.
Una amiga que se estaba divorciando y que su marido no quería divorciarse, a pesar de que ya no vivían juntos, me dijo que se estaba gastando una pasta en el procurador. Cuando le pregunté por qué, qué trabajo tan importante hacía ese profesional, no supo bien qué contestarme. Me dijo: “Me lleva los papeles”. Tal y como me lo contó, es como si hablara de una especie de gestor o asesor jurídico.
Preparando este artículo, me he percatado de que el procurador realiza tareas tan importantes como la presentación de las demandas judiciales, interpone los recursos cuando una parte litigante no está conforme con la sentencia judicial y vela porque los plazos del proceso se cumplan. Evitando que los juicios se alarguen en el tiempo.
Para ejercer como procurador, el profesional debe haberse licenciado en Derecho y posteriormente pasar un máster de procura. Es un especialista en el procedimiento judicial y, aunque representa a su cliente, es una garantía de que el proceso no va a ser perjudicial para él. No en lo que se refiere a armar y defender una estrategia de defensa; de eso se encarga el abogado. Pero sí en cuanto a que las acciones y pasos que conforman un juicio se realicen de acuerdo con lo estipulado por la ley.
La presencia de este profesional es fundamental en una buena parte de los juicios. Te comentamos con más detenimiento en qué consiste su labor.
La figura del procurador.
El blog de la página web de la Universidad Europea señala que el procurador representa a su cliente durante el juicio con el objetivo de que el procedimiento judicial se desarrolle de forma ágil y sin errores.
Los profesionales de Moliner Procuradores, un equipo de procuradores de Burgos con más de 75 años de experiencia continuada en la representación procesal, indican que el procurador facilita una gestión eficiente y transparente del juicio.
La intervención del procurador permite establecer un enlace entre el cliente y el órgano judicial, facilitando que el proceso pueda desarrollarse de acuerdo con las exigencias y formalidades establecidas por la ley. Digamos que es el contacto entre el juez o el tribunal con la parte litigante y su abogado.
Su figura adquiere especial importancia porque los procedimientos judiciales están sujetos a numerosas normas y requisitos formales. Para una persona que no está familiarizada con el funcionamiento de los tribunales, comprender y seguir correctamente estas exigencias puede resultar complicado. El procurador aporta precisamente ese conocimiento especializado y representa los intereses procesales de su cliente ante el juzgado.
Aunque abogados y procuradores suelen trabajar conjuntamente, no desempeñan la misma función. El abogado centra su actividad en la defensa jurídica del cliente, definiendo la estrategia del caso, argumentando su posición y asesorándole sobre las distintas opciones legales. El procurador, por su parte, representa procesalmente al cliente y se ocupa del vínculo formal con el órgano judicial. Ambas figuras se complementan y su coordinación resulta fundamental para el correcto desarrollo del juicio.
En España, la intervención de un procurador puede ser obligatoria en determinados procedimientos, de acuerdo con lo establecido por las normas procesales. Cuando interviene, actúa en nombre de su representado dentro del proceso y debe contar con la correspondiente representación otorgada por este.
Una figura del derecho romano.
El procurador es una figura heredada del derecho romano. El Diario La Libertad subraya que se remonta a más de 2.000 años atrás y que es anterior, incluso, a la figura del abogado. Tal y como la conocemos en la actualidad.
El procurador proviene de la figura del procurator (cuidador), la persona de confianza del dominus (el señor romano), del cual gestionaba su patrimonio y lo representaba en su ausencia. En un principio, el procurador era un administrador que sobrepasaba el ámbito del derecho. Pero cuando el Dominus era citado por la corte para tratar cualquier asunto, era el Procurator quien representaba a su señor para aclarar disputas sobre la posesión o el derecho de uso de los bienes y propiedades. Naciendo de esta manera la figura de la representación legal.
El trabajo judicial del procurador en la antigua Roma era una atribución delegada de sus funciones. No era un personaje de alto perfil. En ocasiones eran esclavos libertos, liberados por su propio señor para que le ayudara a gestionar sus asuntos. Sin embargo, su presencia era un elemento fundamental frente a los errores o abusos de la autoridad. Para ejercer esta responsabilidad, eran especialmente valoradas cualidades como la lealtad, la prudencia y el conocimiento de las normas.
Durante la Edad Media, esta figura evolucionó y pasó a recibir, entre otras denominaciones, la de “personero”. Su función de representación mantenía buena parte de la tradición procedente del derecho romano. Para poder actuar en nombre de otra persona, el representante debía recibir un poder formal por escrito, otorgado ante un escribano público o ante el alcalde de la localidad. Este documento acreditaba su capacidad para intervenir en los asuntos de su representado.
La figura quedó regulada de manera más precisa en el Código de las Siete Partidas, promulgado por Alfonso X el Sabio. La normativa establecía requisitos para ejercer como procurador, entre ellos tener más de 17 años y superar una prueba ante los jueces de la jurisdicción correspondiente.
Con el paso de los siglos, sus atribuciones fueron transformándose hasta llegar al modelo actual, en el que el procurador desempeña un papel de más de intermediario dentro de los procedimientos judiciales.
Las tareas del procurador.
Para comprender bien el papel de un procurador, nada mejor que detenernos a ver sus tareas concretas. Entre ellas, una de las más importantes, según la revista El Derecho, es velar porque las notificaciones de un juicio lleguen a las partes en los plazos y formas establecidas por la ley.
Una de las principales funciones del procurador es representar procesalmente a su cliente ante los órganos judiciales. Actúa como un enlace formal entre la persona o entidad representada y el juzgado, interviniendo durante las diferentes fases del procedimiento y asegurándose de que la representación se desarrolle conforme a las normas procesales.
También se encarga de gestionar la documentación relacionada con el proceso. Entre otras cuestiones, presenta ante el juzgado los escritos y documentos que correspondan y recibe las comunicaciones y notificaciones procedentes del órgano judicial. Esta información se traslada al cliente y, especialmente, al abogado, permitiendo que ambos conozcan en todo momento la evolución del procedimiento.
Otra responsabilidad importante es el control de los plazos procesales. Los procedimientos judiciales están sujetos a fechas y plazos establecidos por la legislación, cuyo incumplimiento puede tener consecuencias para las partes. El procurador realiza un seguimiento de estos plazos y comunica al abogado los requerimientos, resoluciones o actuaciones que puedan exigir una respuesta.
El procurador mantiene además una relación habitual con el juzgado para conocer el estado de las actuaciones y facilitar la correcta tramitación del procedimiento. Dentro de sus competencias también se encuentra la gestión de determinados actos de comunicación procesal, como citaciones, emplazamientos y notificaciones, así como otras diligencias necesarias para que el proceso avance.
Todas estas funciones se desarrollan en coordinación con el abogado. Aunque se trata de profesionales diferentes y cada uno tiene sus propias competencias, ambos trabajan conjuntamente durante el procedimiento. Mientras el abogado concentra su actividad en la defensa jurídica y la estrategia del caso, el procurador facilita su desarrollo desde el punto de vista procesal y formal. Esta colaboración permite que las distintas actuaciones judiciales se realicen de manera ordenada y dentro de las pautas establecidas por la ley.
Juicios en los que no es necesaria la presencia del procurador.
El procurador está presente en todos los juicios penales y en la mayoría de los litigios civiles, pero, como explica el portal jurídico V Lex, su presencia no es imprescindible en todos los casos.
Uno de los casos más conocidos son las reclamaciones judiciales de una cuantía inferior a 2.000 euros. En estos procedimientos, por regla general, el ciudadano puede comparecer y defender sus intereses sin necesidad de contratar a un procurador. Se trata de facilitar el acceso a la justicia en reclamaciones de menor importe y evitar que los gastos derivados de la representación procesal sean desproporcionados respecto a la cantidad que se reclama.
Tampoco es necesaria la intervención de un procurador para solicitar determinadas medidas cautelares antes de que se inicie un procedimiento judicial. Estas medidas tienen como finalidad proteger provisionalmente un derecho o evitar que una determinada situación pueda causar un perjuicio mientras se prepara o inicia el proceso. Al tratarse de una actuación previa y de carácter urgente, el interesado puede solicitarla directamente en los supuestos que prevé la ley.
En los procedimientos penales, la obligación de contar con procurador depende de la fase y de la posición que ocupe cada persona en el proceso. En determinados momentos iniciales no es imprescindible, pudiendo intervenir directamente el interesado. Su presencia puede resultar necesaria posteriormente, especialmente cuando se acuerda la apertura del juicio oral o cuando se actúa como parte interesada ejercitando una acción judicial. Por ello, no todos los procedimientos penales requieren procurador desde el principio.
En el ámbito contencioso-administrativo también existen diferencias. Cuando el procedimiento se desarrolla ante un juzgado de lo contencioso-administrativo, no siempre es obligatorio contar con un procurador. Sin embargo, al tratarse de litigios frente a una Administración pública y estar sujetos a numerosas formalidades y plazos, su intervención puede ser más que recomendable. Cuando el asunto llega a un órgano colegiado, como un Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, la representación mediante procurador sí adquiere carácter obligatorio.
En los procedimientos laborales tampoco es obligatoria. La jurisdicción social está diseñada para facilitar que trabajadores y empresas puedan acudir a los tribunales sin tener que asumir necesariamente este coste de representación. En estos casos, pueden defenderse personalmente o contar con abogado, graduado social u otros profesionales habilitados según las circunstancias del procedimiento.
Juicios en los que sí es imprescindible el procurador.
Frente a los procedimientos en los que la intervención del procurador no es obligatoria, existen otros en los que su presencia resulta imprescindible. Su participación es especialmente importante en determinados procesos civiles, penales, mercantiles y de familia, aunque la obligación concreta puede depender del tipo de procedimiento y de la fase en la que se encuentre el juicio.
En los juicios civiles, la intervención del procurador es habitual y, salvo las excepciones previstas legalmente, necesaria cuando se superan determinadas cuantías o se trata de procedimientos que requieren representación procesal. Su función consiste en representar al cliente ante el juzgado, presentar escritos y demandas, recibir notificaciones y mantener una comunicación constante con el órgano judicial y el abogado. También interviene en la tramitación de recursos cuando una de las partes decide recurrir una resolución.
En los procedimientos penales, hay que diferenciar, como vimos anteriormente, las distintas fases del proceso. El procurador no es obligatorio desde el inicio en todos los casos. Sin embargo, cuando se convoca la vista oral, su intervención pasa a ser necesaria. En ese momento, se encarga de las comunicaciones y trámites ante el juzgado, mientras el abogado asume la defensa jurídica.
En los procedimientos mercantiles, especialmente cuando intervienen empresas o se tramitan situaciones de insolvencia, concursos de acreedores o determinados litigios empresariales, el procurador formaliza la representación ante los tribunales. Gestiona la documentación procesal, recibe notificaciones y presenta los escritos correspondientes dentro de los plazos establecidos.
Por otro lado, en procedimientos de familia, como los relacionados con la guarda y custodia de los hijos, modificación de medidas o reclamaciones de alimentos, también puede resultar obligatoria su intervención. Su participación permite que las comunicaciones judiciales lleguen a las partes, se realicen correctamente y se efectúen dentro de los plazos.