Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de cuatro millones de personas en España tienen algún tipo de discapacidad, y la mayoría de ellas requiere apoyos continuados para preservar su autonomía y calidad de vida. La Encuesta sobre la Población Residente en Centros de Asistencia (2023) reveló que las discapacidades más frecuentes están relacionadas con actividades básicas de la vida diaria: el 88,6 % de las personas tenían dificultades con el cuidado personal, el 86,9 % con las tareas domésticas y el 86,2 % sufrían limitaciones significativas de movilidad.
Tradicionalmente, la atención a personas con discapacidad se desarrollaba a partir de un sistema fragmentado, en el que los servicios sanitarios y sociales operaban de forma independiente, sin tener colaboración entre sí. Este modelo, aunque funcional en determinados contextos, presentaba numerosas limitaciones: institucionalización no deseada, escasa coordinación entre profesionales, falta de seguimiento y una visión centrada en las limitaciones más que en las capacidades de la persona.
En la actualidad, la atención a personas con diversidad funcional se ha convertido en uno de los principales retos sociosanitarios del país. Una realidad marcada por el envejecimiento progresivo y el aumento de diagnósticos vinculados a la discapacidad exige modelos de atención que prioricen el bienestar, la inclusión y el derecho a vivir en el entorno elegido (generalmente el propio hogar). A raíz de estas demandas, en los últimos años está cobrando fuerza un nuevo paradigma: la atención sociosanitaria integrada. Desde la Subdirección General de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad, se establecen las funciones necesarias para el desarrollo y promoción en la asistencia, en las cuales se destaca:
- Coordinar el desarrollo del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, en colaboración con otros organismos e instituciones implicadas.
- Planificar, desarrollar y evaluar estrategias.
- Promover la participación de los pacientes y sus familias.
- Desarrollar e implementar estrategias sobre excelencia clínica.
- Establecer estándares de calidad y seguridad para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- Promover asistencia sanitaria segura, fomentando la implantación de prácticas seguras, garantizando la identificación, registro, análisis y gestión de los riesgos y los daños asociados a la asistencia sanitaria.
- Promover el registro y difusión de buenas prácticas.
Con el objetivo de poner en el centro a la persona, se promueve la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y se apuesta por intervenciones personalizadas, comunitarias y sostenibles en el tiempo. Uno de los pilares de este nuevo modelo es el desarrollo de servicios domiciliarios y comunitarios. El hogar y el entorno habitual de la persona con discapacidad dejan de ser espacios pasivos para convertirse en centros activos de vida y cuidado, apoyados por tecnologías de teleasistencia, asistencia personalizada y una red profesional de acompañamiento. Esta modalidad favorece la autonomía, reduce desplazamientos innecesarios y fortalece los vínculos sociales. Como afirman desde Assistencial Care “El soporte multidisciplinar permite un cuidado de personas con discapacidad que garantiza continuidad, estabilidad y calidad de vida”. Este modelo incluye la actuación conjunta de profesionales sociosanitarios, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos y otros perfiles profesionales, que diseñan planes de atención adaptados a cada caso.
Los beneficios de esta atención integrada son numerosos: mejora en la continuidad asistencial, mayor participación de la persona en la toma de decisiones, reducción de costes sanitarios, y una intervención centrada en la dignidad, la autodeterminación y el proyecto de vida de cada usuario. La Fundación Edad&Vida ha señalado en diversos estudios que los modelos de atención comunitaria con enfoque integral son más costo-eficientes que la institucionalización en residencias, especialmente cuando se implementan de forma planificada. La cartera de servicios de estas entidades suele incluir valoraciones iniciales, diseño de planes individualizados, asistencia domiciliaria, acompañamiento a la integración comunitaria, intervención en el entorno y seguimiento psicosocial. También desempeñan un papel clave en la detección de situaciones de aislamiento, en la prevención del deterioro funcional y en la coordinación con los recursos comunitarios de salud, empleo y educación.
A pesar de los avances, el despliegue generalizado de este modelo presenta aún retos importantes: la necesidad de una financiación pública estable, la mejora de las condiciones laborales del personal de apoyo, la incorporación efectiva de la tecnología al servicio de las personas con discapacidad, y una mayor extensión en entornos rurales, donde la cobertura suele ser más limitada.
Aunque aún queda mucho camino por recorrer, puede decirse que la atención sociosanitaria integrada representa una de las grandes oportunidades para transformar el sistema de apoyos a las personas con discapacidad en España. Se ofrece una alternativa más humana, eficaz e inclusiva a los modelos tradicionales, colocando a la persona en el centro del proceso y reconociendo el valor del entorno como espacio de vida digna. Este camino no solo es posible, sino también necesario para avanzar hacia una sociedad más justa, accesible y comprometida con la diversidad.
